A diferencia de los programas de residencia, la CBI confiere la ciudadanía plena, normalmente tras una diligencia reforzada en lugar de una larga presencia física. Los programas caribeños (por ejemplo, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Dominica, Granada, Santa Lucía) ofrecían históricamente una donación a un fondo gubernamental o una vía de inversión inmobiliaria aprobada.
La CBI es políticamente sensible: los importes mínimos, las ventajas de viaje sin visado e incluso la existencia del programa cambian bajo presión internacional, y los estándares de diligencia debida se han elevado. La UE ha actuado contra los esquemas de «pasaportes dorados» de sus Estados miembros. Cualquier beneficio (como el acceso sin visado) puede retirarse.
Para los compradores, un inmueble ligado a la CBI es una decisión jurídica y fiscal transfronteriza, no una simple compra. Verifique el estado actual del programa, use agentes autorizados y tome asesoramiento fiscal y de inmigración independiente: adquirir una nueva ciudadanía puede crear nuevas obligaciones fiscales y de declaración.